Cuatro feminicidios en Hermosillo exponen fallas estructurales en protección a mujeres e infancias
- agenda8m
- 7 jul
- 2 Min. de lectura
Entre el 4 y el 5 de julio de 2025, autoridades y colectivos ciudadanos localizaron los cuerpos de una mujer de 28 años y sus tres hijas menores en la carretera 36 Norte, cerca de la comisaría Miguel Alemán, en Hermosillo, Sonora.
Las niñas fueron halladas abrazadas entre sí bajo un mezquite, con heridas por arma de fuego y signos de ejecución. El crimen, investigado como feminicidio múltiple, ha provocado indignación social y cuestionamientos sobre la respuesta institucional a contextos de violencia de género.
El hallazgo ocurrió en dos momentos. El 4 de julio, transeúntes alertaron sobre un cuerpo femenino en el entronque Hermosillo–Bahía de Kino. Vestía blusa azul y pantalón negro, presentaba impactos de bala.
Al día siguiente, integrantes del colectivo Buscadoras por la Paz Sonora, guiadas por una denuncia anónima, localizaron a las tres niñas en posición fetal, abrazadas, vestidas con pijamas y huaraches. Junto a los cuerpos había casquillos percutidos y huellas de neumáticos. Las víctimas fueron identificadas como Meredith y Medellín (11 años) y Karla (9 años).
De acuerdo con registros del Sistema DIF local, la familia vivía en la colonia Tierra Nueva, considerada zona de alta marginación. Las autoridades habían detectado su situación de vulnerabilidad y entregaron materiales escolares, pero no activaron mecanismos de seguimiento.
La madre era trabajadora informal, sin redes de apoyo, y criaba sola a sus hijas. Testimonios vecinales mencionan que las menores permanecían solas durante jornadas laborales prolongadas.
El 6 de julio, la Fiscalía de Sonora anunció la detención del principal sospechoso, la pareja sentimental de la madre, identificado como integrante de una célula criminal con presencia en Hermosillo.
Según información oficial, el hombre enfrenta cargos por feminicidio agravado, homicidio calificado y violencia familiar. Peritajes balísticos y pruebas de campo lo vinculan con el lugar del crimen. Su identidad permanece bajo reserva.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas han señalado que el caso ilustra un vacío estructural en la protección de mujeres y niñas expuestas a dinámicas de violencia doméstica y vínculos con redes delictivas.
En rueda de prensa, el gobernador Alfonso Durazo reconoció que las relaciones personales con integrantes del crimen organizado colocan a mujeres y menores en riesgo, sin anunciar medidas concretas de prevención.
La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó revisar los indicadores de violencia contra niñas y adolescentes. Aunque se refirió al caso como “inaceptable”, también indicó que no existe una cifra consolidada que permita estimar si hay aumento en feminicidios infantiles en el país.
Este caso, además de su gravedad individual, evidencia cómo la combinación de violencia de género, pobreza, impunidad y colusión institucional puede derivar en crímenes que afectan a generaciones completas.
Comentarios